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Edición número: 7770
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Los doce separatistas, en el banquillo de los acusados


por Cronistas de Nueva York

13/02/2019


(Washington DC, 13 Febrero 2019)

Comenzó ayer en el Tribunal Supremo, en Madrid, el juicio a los 12 políticos catalanes que organizaron e impulsaron en 2017 el proceso separatista contra España. Pesan sobre los encausados delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, castigados con penas de entre 7 y 25 años de cárcel.

En la opinión pública española abunda la idea de que propiciaron un golpe de estado, al subvertir la ley constitucional e intentar adueñarse de una parte del territorio.

Estos dirigentes, su defensa jurídica y casi dos millones de catalanes –la mitad de la población– se presentan a sí mismos como estandarte del derecho a la autodeterminación y libertad de expresión. En este mundo de post-verdades, ayer intentaron convencer a los medios internacionales que España es una máquina represora al modo turco. 

“El juicio es una farsa, un acto de venganza contra el pueblo catalán”, dijo el presidente autonómico Quim Torra, en primera fila entre el público en la sala. “Estamos ante un test de stress a la democracia española”, añadió desde Berlín el ex-president prófugo Carles Puigdemont. “Esta macro causa es una persecución política”, apuntaron, a su vez, los abogados defensores, mientras cuestionaban la imparcialidad y legitimidad del Tribunal.

Su tesis de fondo es que “la autodeterminación es un derecho y no un delito”. Un argumento inválido en una democracia tan garantista como la española, donde son legales los partidos independentistas que propugnan la destrucción del Estado (del que además obtienen subvenciones).

Otro detalle del garantismo: el proceso judicial, que ayer arrojó una sucesión de alegatos políticos infantiloides, se retransmitió en directo por televisión.

Los corresponsales extranjeros pueden comprobar así "la fortaleza del Estado de derecho"escribía ayer El Mundo.

España no tiene buenos políticos, aunque sí buenos jueces. Pablo Llarena ha llevado a cabo una instrucción rigurosa, y los magistrados del Supremo van a juzgar durante tres meses hechos documentados apoyados en un aluvión de pruebas.

The Washington Post abrió fuego opinando que el juicio será “una prueba de imparcialidad para la judicatura española”.

Estas andanadas de nuestros colegas anglos son un déjà vu; hay que acostumbrarse. 

 


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